La respuesta es compleja. Por un lado, puede ser un acelerador de cambios de fondo aunque en estos temas son difíciles los resultados de corto plazo. Hay que recordar que este mismo año se aprobó una reforma al sistema de justicia que entre otros elementos cambia las funciones de los Ministerios Públicos y crea los juicios orales; sin embargo, la transformación de fondo se materializará hasta dentro de ocho años.
Si el Presidente logra capitalizar este movimiento puede sacar adelante diversos puntos de su agenda: recursos para las áreas de seguridad, avales para otras reforma legales, etc. No obstante, el tema también puede ser un factor de riesgo para su gobierno. Es un hecho que la actual administración ha apostado su capital al combate al narcotráfico y la percepción de un fracaso en este tema, extendido al campo de la delincuencia común, puede ser de muy alto costo especialmente a unas semanas del inicio formal del proceso electoral 2009.
A esto se suma que una mala conducción de la crisis podría derivar en una fractura con un sector de la sociedad que constituye el principal apoyo del gobierno; un distanciamiento con las clases medias y altas podría coincidir con el movimiento impulsado por Andrés Manuel López Obrador que ya anunciado una serie de acciones en contra de la reforma energética.
En este escenario vale la pena mencionar la lectura de un grupo -que así lo publica en la revista Siempre– que ve en el incremento de los secuestros un movimiento político de los grupos del crimen organizado con el fin de generar una crisis política (y eventualmente económica, por la pérdida de confianza en el país y su gobierno) en un momento en el que narcotráfico enfrenta la presión del gobierno federal. Si bien hay que tomar esa mirada sólo como una hipótesis, no debe descartarse que diversos adversarios del gobierno busquen aprovechar la coyuntura para impulsar otras agendas, alejadas de la legítima preocupación de la sociedad civil.
Anuncios